En sintonía con la política del actual Gobierno de Corea del Sur que aplica criterios más estrictos a los intercambios intercoreanos, en 2023 hubo más casos de contacto con norcoreanos que fueron sancionados: un total de seis abarcando conjuntamente 8,2 millones de wones en multas.

Las leyes en vigencia estipulan que todo ciudadano surcoreano debe presentar una declaración previa antes de contactar con habitantes norcoreanos, ya sea de modo presencial, por teléfono, mediante correo convencional o vía online.

Bajo dicha normativa, en 2023 seis casos de contacto con norcoreanos fueron sancionados, un volumen que supera en gran medida a uno que fue multado en los cinco años de mandato de la administración anterior de Moon Jae In. Incluso las sanciones fueron impuestas con más frecuencia que durante los gobiernos de Lee Myung Bak y Park Geun Hye, catalogados como los periodos de mayor enfriamiento de las relaciones intercoreanas, cuando hubo ocho y quince casos multados respectivamente.

Ante datos como este son fuertes las críticas de las oenegés, que acusan a la administración de Yoon Suk Yeol de reprimir excesivamente los intercambios intercoreanos a nivel civil-privado.