El Gobierno anunciará el miércoles 7 el proyecto de enmienda al Código Penal y la Ley de Salud Materno-Infantil, de cara a autorizar el aborto inducido hasta la decimocuarta semana de gestación. Así, se prevé que Corea del Sur comenzará pronto el debate para reformar la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo. 

La enmienda refleja un dictamen del Tribunal Constitucional, que define como inconstitucional sancionar el aborto más allá de sus circunstancias. La reforma abarca otras causas sociales o económicas, además de la violación, como caso excepcional para no sancionar dicha intervención. 

Previamente, el Tribunal Constitucional resaltó que debe garantizarse el derecho de la mujer a decidir y despenalizar el aborto hasta la 22ª semana de embarazo, etapa desde la que se considera que el feto puede sobrevivir sin la madre. En particular, tres de los magistrados que emitieron el dictamen estimaron que toda mujer debe ostentar, sin condiciones, la libertad de interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación. 

Sin embargo, la controversia continúa, pues diversas organizaciones feministas y en defensa de los derechos de la mujer enfatizan que el Gobierno solo está definiendo nuevos criterios para sancionar el aborto. 

Hace poco un grupo de cien activistas feministas veteranas declararon que las normas y políticas sobre el aborto no deben centrarse en la sanción, sino en la prevención de embarazos no deseados y en establecer sistemas de atención médica adecuada.