Tras la apelación del Ejecutivo contra la negativa de los tribunales a consignar el pago de indemnizaciones a las víctimas de explotación laboral cometida por Japón durante el colonialismo y la Segunda Guerra Mundial, al rechazar el plan gubernamental de ser indemnizados con financiación de terceros, los pleitos entre el Gobierno y esas víctimas continúan. 

También hay otros demandantes para los que ni han comenzado los trámites de indemnización, pese a haber obtenido sentencias favorables en primera y segunda instancia, pues el fallo del Tribunal Supremo sigue pendiente. 

Hasta la fecha unas 50 víctimas de explotación laboral han presentado una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra las empresas japonesas que los sometieron a condiciones laborales degradantes en sus centros industriales. Pero dada su avanzada edad, apenas quedan diez supervivientes. 

Ese grupo incluye a Kim Jeong Ju, una mujer que en 1945 y con solo 13 años fue engañada por un agente de reclutamiento laboral, quien le dijo que la ayudaría a reencontrarse con su hermana mayor - que fue antes que ella a trabajar a Japón- y terminó en una fábrica de municiones de la firma Nachi-Fujikoshi, donde fue obligada a trabajar en condiciones extremas. Tras demandar por daños y perjuicios a dicha empresa en 2013 ganó en primera y segunda instancia, pero está pendiente de la sentencia del Supremo. 

En una situación similar se hallan otros nueve demandantes, pues aunque el Supremo falle a favor, las indemnizaciones se demorarían bastante, pues las firmas niponas ni reconocen los hechos del pasado ni dan validez a la demanda. Es más, incluso aquellas que ya obtuvieron una sentencia favorable, aún no han podido recibir la indemnización fijada por el Tribunal Supremo, pues las medidas para el cobro directo mediante el embargo y la venta de activos de esas empresas acumula más de cuatro años de demora.