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El Ministerio de Exteriores activó esta semana un comité consultivo público-privado sobre movilización forzosa y explotación de trabajadores durante el colonialismo e indemnizaciones a las víctimas. Entre otros, lo integran especialistas en derecho internacional, expertos en Japón, y representantes de organizaciones económico-empresariales y asociaciones de víctimas. 

Su principal cometido es hallar la solución más diplomática posible ante la inminente venta de activos que la Justicia surcoreana incautó a empresas niponas que se negaron a cumplir el pago de indemnizaciones fijado en sentencia judicial, considerando que dicha medida podría tener repercusiones sumamente negativas para las relaciones entre Seúl y Tokio. 

El comité celebró su primera reunión el lunes 4, inmediatamente después de ser inaugurado, en un intento de mediar entre las víctimas - que actúan como demandantes- y las firmas niponas – como demandadas- en un intento de evitar la venta de activos de estas últimas. Sin embargo, a priori el proceso se antoja complejo, ante la insistencia de ambas partes en negociar directamente.

Actualmente, 67 demandas sobre movilización forzosa de trabajadores y explotación laboral del periodo colonial están estancadas en los tribunales surcoreanos, pero el comité dará prioridad a tres casos donde la ejecución de activos incautados es próxima.

Esos casos son los relacionados con Mitsubishi y Nippon Steel, empresas japonesas sobre las que el Tribunal Supremo de Corea del Sur emitió en 2018 sentencias de indemnización a las víctimas que las demandaron, dictamen que rechazaron acatar. Entonces, siguiendo el procedimiento, el Poder Judicial surcoreano ordenó la incautación y venta de sus activos en el país para entregar las compensaciones fijadas a la parte demandante.

Sin duda, estamos ante el tema más candente de todos los escollos actuales entre Corea y Japón, considerando la inminencia de la venta de activos de firmas niponas, programada para otoño de 2022, según el calendario establecido por los tribunales. En este contexto, como factor positivo destaca la voluntad por hallar una solución entre el Ejecutivo de Seúl y el gabinete de Tokio, tras la inauguración de nuevos gobiernos en ambas naciones. Sin embargo, ante la complejidad del tema, la opinión generalizada es que no se resolverá fácilmente.