El Gobierno aprobó durante la reunión de gabinete del martes 30, una ley que aplicará sanciones más severas que las actuales, a los funcionarios públicos que reciban sobornos. 

Según la nueva legislación, todos aquellos que acepten dinero o algún obsequio por parte de terceros, debido a su cargo en alguna entidad gubernamental o pública -y aunque no fuera a cambio de un favor- podrá ser penalizado con hasta 3 años de cárcel o hasta 30 millones de wones de multa. 

La vigente ley de funcionarios públicos solo sanciona cuando existen evidencias concretas de que el dinero o el bien recibido es un cohecho. 

En tanto, también será sentenciados los empleados públicos que utilicen información confidencial del Gobierno para beneficio propio. 

En caso de que un funcionario de rango superior al viceministro cometa las acciones ilícitas descritas, deberá renunciar su cargo y no podrá volver a ejercerlo durante 2 años. 

La reforma de ley confirmada por el gabinete, será entregada a la Asamblea Nacional para su refrendo definitivo a principios del próximo mes.