En medio de una fuerte controversia, el 24 de agosto Japón comenzó a verter al océano las aguas almacenadas en la Central Nuclear de Fukushima.

Esas aguas residuales son las que usaron para enfriar el material radiactivo en el interior de dicha planta y reducir el sobrecalentamiento de los reactores, tras el terremoto y posterior tsunami que azotó Japón en 2011. Actualmente, la central genera unas cien toneladas diarias de aguas radiactivas, incluyendo el filtrado por lluvias y las aguas subterráneas.

Ante tan ingente volumen y la falta de tanques de almacenaje, el gabinete de Tokio decidió verter esas aguas al océano, y para ello ideó un proceso de filtración y dilución llamado ALPS, para eliminar los radionucleidos. Dicho sistema fue aprobado por OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) antes de que Japón comenzara el plan de vertido, afirmando que el proceso ALPS elimina eficazmente los componentes radiactivos de las aguas residuales, como el cesio, y que las trazas o niveles de radiactividad tras ese proceso son inocuos.

Sin embargo, las declaraciones del Gobierno japonés y del OIEA fueron insuficientes para calmar las críticas o la preocupación de los ciudadanos. En concreto, los pescadores surcoreanos y japoneses, cuya fuente de vida y trabajo podía verse afectada por el vertido de Fukushima, fue feroz.

Pese a todo, Japón siguió con su plan y desde agosto ya ha vertido unas 23.400 toneladas de aguas radiactivas tratadas al océano, volumen equivalente a dieciséis de los mil tanques que contienen esas aguas en la Central Nuclear de Fukushima.

Durante el primer trimestre de 2024 realizarán la cuarta descarga, y Japón planea seguir con el vertido de aguas radiactivas al Océano Pacífico durante los próximos treinta años, hasta 1,3 millones de toneladas en total.

Photo : YONHAP News

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