El Gobierno ha expresado la necesidad de revisar el decreto de aplicación de la Ley de Prohibición de Favores Indebidos y Recepción de Sobornos, más conocida como ley antisoborno o Kim Yong Ran, pues si bien resulta efectiva para frenar la corrupción, también conlleva efectos secundarios que repercuten en la economía nacional. 

Según el Gobierno, desde la entrada en vigor de la ley muchas personas han perdido sus empleos en restaurantes, mientras que ha perjudicado a pequeños comerciantes y a la industria ganadera nacional, al obligar a dichos establecimientos a comprar productos de importación para ajustar los precios al límite legal. 

Durante la reunión consultiva mantenida el domingo 8 entre Gobierno, oficialismo y oposición en la Asamblea Nacional, también se aludió a la necesidad de revisar la ley para aumentar el consumo. 

En tanto, la Comisión de Anticorrupción y Derechos Civiles se ha mostrado contraria a dar "marcha atrás", por lo que se espera un fuerte debate al respecto, máxime al aumentar las voces que destacan los efectos negativos de dicha norma.