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La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el día 18 por consenso una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, por decimoquinto año consecutivo, siendo la sexta vez que la aprobación se hace por consenso, sin necesidad de votación.

La adopción de esta resolución implica que la realidad norcoreana no ha cambiado, ni muestra señales de cambio, y que la comunidad internacional está al tanto.

El texto de la resolución fue redactado por países europeos y unos sesenta integrantes de la ONU participaron como promotores conjuntos, incluyendo Japón, Estados Unidos y Canadá. Corea del Sur no figura este año en la lista. Al respecto, la Representación surcoreana ante las Naciones Unidas dijo haber contribuido a la aprobación por consenso general de la resolución, no obstante desistió de participar como promotor, considerando el delicado estado de las relaciones intercoreanas y la tensión que prevalece en la península coreana.

La reacción de Corea del Norte a la resolución fue obviamente de rechazo. Es más, por su parte esgrime el mismo argumento de siempre: el principio de no intervención y el derecho de los Estados a mantener sus propios procesos y leyes. En otras palabras, sostiene que Corea del Norte posee sus propios criterios en cuanto a derechos humanos y que las críticas de países extranjeros al respecto, o movimientos como la adopción de una resolución a nivel de la ONU, no son más que una mera injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Esta postura fue apoyada por Rusia, China y Venezuela, pero esas naciones tampoco solicitaron votar la resolución.

En lo que se refiere al contenido de la resolución, es casi el mismo que en años anteriores. Para empezar, condena a Corea del Norte por vulnerar durante tiempo prolongado y de forma amplia y sistemática los derechos humanos de sus ciudadanos e insta a ese país a detener de inmediato toda práctica contra esos derechos fundamentales. La resolución menciona así una serie de actos trasgresores graves que habitualmente se dan en Corea del Norte, como el mantenimiento de campos de concentración, ejecuciones públicas, detenciones arbitrarias, trabajos forzados y delito de asociacionismo. Además incluye por sexto año la recomendación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de adoptar medidas contra el “máximo responsable” de esas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Corea del Norte, señalando indirectamente a Kim Jong Un, al tiempo de subrayar la importancia de las relaciones intercoreanas para mejorar la situación de los derechos humanos en ese país.

Cabe recordar que, si bien Corea del Norte es teóricamente una “república democrática”, en la práctica es un estado totalitario que no se aleja mucho de una dinastía pre-moderna, y no está constituido como Estado de derecho. De ahí la precaria situación de los derechos humanos en ese país, al no ser considerados un valor universal.

La resolución de la ONU constituye -en este contexto- una grave advertencia, donde la comunidad internacional urge a Corea del Norte a mejorar los derechos humanos de sus ciudadanos. Obviamente, dicha medida no conlleva la inmediata aplicación de sanciones concretas al régimen de Pyongyang, ni permite llevar al “máximo responsable” de esas vulneraciones ante el Tribunal Internacional de Justicia, pero dejan constancia de la situación y si, en algún momento cambiaran las circunstancias, podrían ser usadas como antecedente para juzgar a los responsables.